Los vapeadores, un tema controversial en la salud pública
Recientemente, los diputados federales aprobaron una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores en México. Con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, esta modificación busca erradicar el uso de dispositivos electrónicos como los vapeadores y otras sustancias peligrosas, como el fentanilo. El objetivo principal de esta medida es proteger la salud pública, considerando el impacto negativo que el consumo de estos productos puede generar.
La reforma constitucional
La reforma modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando el uso de vapeadores a un delito que afecta las garantías individuales de los ciudadanos, específicamente el acceso a la salud. El texto reformado establece que «quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley».
Además, se incluye en la reforma la prohibición de la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, como el fentanilo, que no están autorizadas legalmente. Este enfoque integral tiene como fin evitar el acceso a productos que representen riesgos graves para la salud de la población.
Reacciones y preocupaciones
Aunque la reforma fue aprobada con un amplio apoyo, algunos sectores, como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), han expresado su preocupación por esta prohibición. La ANPEC considera que la equiparación de los vapeadores con el fentanilo es una medida desproporcionada. Argumentan que, al ser ilegalizados, los productos podrían terminar fortaleciendo el mercado negro, lo que a su vez incrementaría el financiamiento a grupos criminales.
La ANPEC también subraya que la prohibición no eliminará la demanda de vapeadores, sino que podría poner en desventaja al comercio legal, destacando la necesidad de una regulación adecuada y de políticas que garanticen que estos productos no lleguen a manos de menores de edad.
El camino hacia la implementación
Con esta reforma, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días para armonizar las leyes secundarias, como la Ley General de Salud, con la nueva disposición constitucional. Las legislaturas estatales también deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias dentro de los 365 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
La discusión sobre la prohibición o regulación de los vapeadores continúa siendo un tema relevante. Es crucial encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la necesidad de un comercio justo y regulado.