Cambios clave en las telecomunicaciones nacionales
México ha aprobado una nueva ley en materia de telecomunicaciones que ha generado gran debate. Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio luz verde a un dictamen que introduce cambios significativos, incluyendo la posibilidad de geolocalizar celulares sin orden judicial y la obligatoriedad de presentar CURP para contratar servicios de internet. Esta medida ha sido considerada por sectores críticos como un avance hacia un “Estado espía”.
CURP obligatoria para tener internet
Una de las modificaciones más discutidas ha sido la exigencia del CURP para que personas físicas puedan acceder a servicios de internet, y del RFC en el caso de personas morales. Esta información deberá ser proporcionada por los usuarios a las empresas proveedoras, las cuales estarán obligadas a conservarla durante dos años.
Además, la localización de equipos en tiempo real podrá ser realizada sin necesidad de orden judicial, siempre que lo soliciten las autoridades de seguridad, procuración o justicia. Las empresas contarán con un plazo de 24 horas para entregar estos datos.
Críticas por posibles abusos
Desde la oposición, se ha señalado que esta legislación podría abrir la puerta a prácticas autoritarias. El senador Ricardo Anaya expresó su preocupación por la aprobación “abrupta” del dictamen, sin una revisión adecuada, y calificó la medida de geolocalización como una característica de un “Estado espía”. También se manifestó en contra de posibles bloqueos a transmisiones por parte del gobierno, que podrían afectar el pluralismo ideológico.
Nuevo órgano regulador sustituye al IFT
Con esta nueva ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será eliminado. En su lugar, se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de gestionar el espectro radioeléctrico y regular los servicios de telecomunicaciones en el país. A su vez, se establecerá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, formada por cinco comisionados designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Restricciones a propaganda extranjera
También fue aprobada la prohibición para que concesionarios transmitan propaganda política de gobiernos extranjeros, excepto si se trata de contenidos turísticos, culturales o deportivos. Las empresas que incumplan podrían ser sancionadas con multas de hasta el 5% de sus ingresos.
Promesa de inclusión digital
A pesar de las críticas, los impulsores de la ley aseguran que su enfoque es social e inclusivo. Se prevé que más de 15 millones de personas en zonas marginadas serán beneficiadas con acceso a internet. Además, se fortalece el respaldo a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, lo cual fue destacado por la senadora Lizeth Sánchez García como “un paso fundamental hacia un México más conectado y justo”.