El impacto de las desapariciones forzadas en el país
Desde 2018, México ha enfrentado una creciente preocupación por las desapariciones forzadas, un problema que contradice las declaraciones del gobierno en relación con la seguridad y la justicia. A pesar de los esfuerzos para minimizar la magnitud de este fenómeno, los reportes oficiales muestran que más de 140 casos de desapariciones forzadas han sido confirmados desde que el partido Morena asumió el poder federal.
La cifra alarmante: 141 desapariciones forzadas
Desde finales de 2018 hasta 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado al menos 141 casos de desapariciones forzadas. Estos incidentes involucran a personas privadas de su libertad por agentes de corporaciones policiacas o militares, en diversos estados del país. Esta cifra es solo una parte del total, ya que algunos casos han sido excluidos o no han sido actualizados en los registros oficiales.
El pasado 4 de abril, la ONU expresó su preocupación por el incremento de desapariciones forzadas en México. En respuesta, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desafió a la organización internacional a presentar evidencia de estos casos bajo el gobierno de Morena. Sin embargo, los documentos oficiales refutan esta postura, mostrando claramente que las autoridades federales han sido responsables de numerosas desapariciones desde 2018.
Casos documentados: Claudia Uruchurtu y José Alberto Serna
El caso de Claudia Uruchurtu es uno de los más notorios. En marzo de 2021, esta activista fue secuestrada por funcionarios del Ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca, tras denunciar actos de corrupción. La desaparición fue oficialmente reconocida, y varios funcionarios fueron sentenciados por su implicación. No obstante, el paradero de Claudia sigue siendo un misterio, a pesar de las sentencias judiciales.
Otro caso relevante es el de José Alberto Serna Rojas, detenido por policías de la Ciudad de México en septiembre de 2021. Tras ser golpeado y asesinado por los oficiales, su cuerpo fue encontrado en el Bosque de Chapultepec. A pesar de que los tres policías involucrados fueron sentenciados, la desaparición de José Alberto no se incluyó en la lista oficial del gobierno federal.
Implicaciones políticas y sociales
Las desapariciones forzadas no solo afectan a las víctimas y sus familias, sino que también reflejan una crisis de derechos humanos en México. Estos eventos destacan la necesidad de una respuesta más eficaz y transparente por parte de las autoridades para enfrentar este flagelo. Sin embargo, mientras las víctimas luchan por justicia, la postura oficial parece ignorar la magnitud del problema.
El reconocimiento de estos 141 casos debería ser el primer paso hacia una mayor responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades. Solo a través de la transparencia y el respeto a los derechos humanos se podrá avanzar en la resolución de este problema persistente en México.