¿Qué es el Plan C y por qué lo propone el presidente?
El rechazo de la Corte al Plan B
El presidente Andrés Manuel López Obrador no se da por vencido en su intento de reformar el sistema electoral mexicano. Después de que su Plan B fuera rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario advierte que implementará el «Plan C» para asegurar que su movimiento tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en 2024.
Así podrá aprobar reformas constitucionales sin obstáculos.
El Plan B consistía en una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que se renovara el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Más sobre el Plan C: Plan C: ¿Qué hará AMLO si no hay revocación?
Sin embargo, la SCJN declaró inconstitucional la pregunta propuesta por el presidente, argumentando que violaba la autonomía de los órganos electorales.
La crítica de AMLO al Poder Judicial
AMLO acusa al Poder Judicial de estar podrido y actuar de manera facciosa, obstaculizando la transformación del país y protegiendo al viejo régimen de corrupción y privilegios.
Destaca que el poder Ejecutivo y Legislativo son elegidos por el pueblo, pero los ministros de la Corte son nombrados por ellos, y algunos actúan en beneficio del poder conservador.
AMLO enfatiza que si el Congreso no se fortalece, el presidente o presidenta quedará limitado, pero él se niega a dejarse atar de pies y brazos.
Por eso, anuncia que impulsará el Plan C, que consiste en modificar la Constitución para reducir el número de ministros de la SCJN y cambiar el método de selección.
También propone crear una nueva Sala Constitucional que resuelva los asuntos más relevantes.
El desafío del Plan C
El Plan C enfrenta varios desafíos para su realización. Primero, requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para aprobar una reforma constitucional.
Actualmente, Morena y sus aliados no cuentan con esa mayoría, por lo que tendrían que negociar con otros partidos o esperar a las elecciones intermedias de 2023.
Segundo, requiere que al menos 17 de las 32 entidades federativas ratifiquen la reforma constitucional. Esto implica que los congresos locales también tengan una mayoría favorable al cambio.
Tercero, requiere que la propia SCJN valide la reforma constitucional y no la declare inconstitucional por afectar su estructura y funcionamiento.
¿Podrá AMLO lograr su Plan C? ¿Qué implicaciones tendrá para la democracia mexicana?
Estas son algunas preguntas que se plantean ante este escenario político.