Investigación por presuntos sobornos
El nombre de Peña Nieto ha sido nuevamente vinculado a uno de los casos más polémicos en materia de espionaje digital en México: la adquisición del software Pegasus. Una nueva investigación ha sido abierta por la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Alejandro Gertz, para esclarecer si el expresidente recibió sobornos millonarios por parte de empresas proveedoras de este controvertido malware.
Investigación internacional solicitada
Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero informó que aún no se cuenta con la documentación completa revelada por medios israelíes, pero que se solicitará formalmente al Gobierno de Israel. “Desde el inicio de la administración pasada, ya existían denuncias sin pruebas suficientes. Con este nuevo caso se presentan informes más precisos sobre la conexión con Pegasus”, declaró Gertz.
La información fue publicada por el diario israelí The Marker, en el marco de una disputa entre empresarios que aseguran haber invertido 25 millones de dólares para obtener contratos con el Gobierno mexicano durante el sexenio de Peña Nieto. Aún se desconoce si dicha suma fue dirigida directamente al expresidente o a otros funcionarios.
Obstáculos diplomáticos persistentes
El fiscal también advirtió sobre las dificultades que podrían enfrentar en la obtención de evidencia, debido a la tensa relación con las autoridades israelíes. Recordó que desde el caso Ayotzinapa, donde el exfuncionario Tomás Zerón se mantiene prófugo en Israel, la cooperación bilateral ha sido complicada. “Esperamos una respuesta más ágil esta vez”, afirmó Gertz, sin mostrar demasiado optimismo.
Peña Nieto responde a señalamientos
Desde su residencia entre España y República Dominicana, Enrique Peña Nieto ha calificado de falsas las acusaciones. A través de su cuenta oficial en X, negó cualquier implicación en la asignación de contratos y dijo no conocer a los empresarios señalados: Avishai Neriah y Uri Ansbacher, este último vinculado con el Grupo KBH, proveedor de Pegasus.
El software fue comprado por gobiernos anteriores para actividades de seguridad nacional, pero terminó usándose con fines políticos, incluyendo el espionaje a periodistas y activistas. La judicialización del caso Pegasus ha sido obstaculizada por la falta de pruebas ratificadas. Con esta nueva arista, el caso alcanza ahora al expresidente Peña Nieto, cuyo destino legal depende de la colaboración del gobierno de Benjamin Netanyahu.