Un freno a la extinción de fideicomisos
La decisión del juez
En un reciente giro de eventos, un juez federal ha otorgado una suspensión provisional a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua. Esta suspensión frena, por el momento, la reforma que busca eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Implicaciones para el gobierno federal
El gobierno federal tiene la opción de impugnar este fallo. Si lo hace, el caso será turnado a un tribunal colegiado que decidirá si confirma, modifica o revoca la resolución de primera instancia.
Acciones del Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua
Juan Fernando Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, ha emitido una prohibición temporal al CJF. Esta prohibición impide que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Medidas cautelares en vigor
Las medidas cautelares dictadas requieren que varias entidades, incluyendo la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe, se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos del decreto que busca añadir un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF.
Continuación de los fideicomisos
Además, estas entidades deben abstenerse de cancelar o extinguir los fideicomisos y garantizar su continuación, operación y administración.
También deben suspender inmediatamente la entrega y/o transferencia de los recursos de todos los fideicomisos celebrados por el CJF.
La demanda de garantías para los Fideicomisos
La magistrada promovió la demanda de garantías el pasado 30 de octubre, cuatro días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que busca eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Audiencia constitucional programada
El impartidor de justicia ha programado una audiencia constitucional para las 10 horas del 29 de noviembre. En esta audiencia se determinará si se concede la suspensión definitiva contra los actos reclamados.