Mejoramiento barrial y derechos de propiedad
Las reformas propuestas por Martí Batres han sido aprobadas por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, buscando garantizar un entorno urbano digno y reforzar el respeto a la propiedad pública y privada. Estas reformas también tienen como objetivo fortalecer la justicia social en la ciudad.
Mejoramiento barrial
Con 45 votos a favor, se aprobó un proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 2, apartado G del Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Este cambio permite al Gobierno local establecer programas de mejoramiento barrial. Estos programas deben garantizar un entorno urbano amigable, sustentable, seguro, digno y accesible, dotado de espacios y servicios para los habitantes de las colonias y barrios.
El dictamen aprobado establece que el acceso a los recursos de estos programas y la participación ciudadana en su diseño y ejecución se regirán por las reglas de operación emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México, asegurando que las obras tengan un uso universal y gratuito.
Respeto a la propiedad
Con 57 votos a favor, también se avalaron modificaciones al inciso a), numeral 2 del Artículo 3 de la Constitución local. Estas modificaciones establecen que la Ciudad asumirá el respeto a la propiedad en los mismos términos que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo federal determina que la propiedad de tierras y aguas en el territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, que puede transmitir el dominio a particulares y realizar expropiaciones solo por utilidad pública y mediante indemnización.
La iniciativa original de Martí Batres planteaba que la Ciudad asuma como principios el respeto a la propiedad privada, pública y social.
Justicia social
Finalmente, con 57 votos a favor, se adicionó un segundo párrafo al Artículo 35 de la Constitución local. Este párrafo establece que en la función jurisdiccional se deben privilegiar los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa, y justicia redistributiva. Se busca asegurar un sistema que garantice la tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente para grupos sociales y personas en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, y desventaja social.