¿Qué obras incluye el decreto y por qué?
La Corte invalidó el decreto anterior
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este jueves un nuevo decreto en el que declara como de seguridad nacional y de interés público varias obras de su gobierno, entre ellas el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y tres aeropuertos.
Este decreto se da horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara el decreto de 2021 que establecía lo mismo para las obras prioritarias del gobierno.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impugnó ese decreto al considerar que afectaba sus facultades y el derecho de acceso a la información.
Según el nuevo decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la seguridad nacional implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación.
El Tren Maya y otras obras son parte de esté decreto
El decreto indica que son de seguridad nacional y de interés público:
La construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración del Tren Maya y otras obras.
Se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, y el de Palenque, Chiapas.
Estas obras son parte del plan de desarrollo del sur-sureste del país que impulsa el gobierno de López Obrador.
El Tren Maya es un proyecto ferroviario que recorrerá cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Corredor Interoceánico es una vía férrea que conectará los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz.
Los aeropuertos son parte de la red aeroportuaria que complementa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
¿Qué implica declararlas como seguridad nacional?
Al declarar estas obras como de seguridad nacional y de interés público, el gobierno busca agilizar su ejecución y evitar obstáculos legales o administrativos.
También implica que se podrían reservar algunos datos o información relacionada con ellas por razones de seguridad o interés público.
Sin embargo, esta medida ha sido cuestionada por organismos como el INAI y la SCJN, que consideran que podría vulnerar el derecho a la transparencia y el acceso a la información.
Además, se ha señalado que estas obras podrían tener impactos ambientales y sociales negativos que deben ser evaluados y consultados con las comunidades afectadas.