La presidenta de la SCJN está en la lista negra del gobierno federal
La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue señalada por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, como una de los “Jueces que Favorecen a Delincuentes”.
Esta acusación se basa en el caso de desaparición forzada de Francisco “N”, un pepenador detenido en 2018 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y escoltas del gobernador Martín Orozco.
¿Qué hizo la ministra Piña?
Según el informe de “Cero Impunidad” presentado por el subsecretario Rodríguez Bucio frente al presidente López Obrador.
La ministra Piña, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),
y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF
desecharon una queja administrativa contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez,
quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición de Francisco “N”.
La queja fue promovida por los familiares de la víctima, quien fue detenida junto con otro pepenador, Jaime “N”, que se suicidó de manera dudosa en una celda del Cereso de Aguascalientes en 2019. Aún queda una persona más por detener por estos hechos.
¿Qué consecuencias puede tener esta acusación?
La acusación del gobierno federal contra la ministra Piña se suma a las críticas que ha recibido el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo.
Algunos analistas consideran que se trata de una presión indebida sobre la autonomía e independencia judicial.
Por su parte, la ministra Piña ha defendido su trayectoria como jurista, funcionaria y académica. Es la primera mujer que ocupa la presidencia de la SCJN desde el 2 de enero de 2023.
Es licenciada en derecho por la UNAM y doctora en derecho por la misma universidad. Ha sido profesora de derecho constitucional y amparo en el ITAM y en la Universidad Panamericana.
La ministra Piña ha manifestado su intención de fortalecer el diálogo y la colaboración entre los poderes públicos, pero también ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.