Retrasos legislativos afectan el Plan B
El panorama político en México enfrenta un momento crítico debido a los tiempos legales. El Plan B de la reforma electoral corre un riesgo significativo de no aplicarse en las elecciones de 2027. Los diputados federales iniciaron un periodo de descanso de doce días por la Semana Santa. Este receso detiene la discusión necesaria en el pleno de San Lázaro. La falta de actividad legislativa acota los márgenes para cumplir con los plazos constitucionales establecidos.
Los plazos fatales en el Congreso
La Constitución establece reglas muy claras para las modificaciones en materia electoral. El artículo 105 prohíbe promulgar normas noventa días antes del inicio del año electoral. Por ello, el Plan B requiere una aprobación definitiva a más tardar en mayo de 2026. Este límite incluye el aval de la Cámara de Diputados y el Senado. Además, la reforma debe recibir la ratificación de al menos diecisiete congresos locales por su carácter constitucional.
El tiempo disponible para estos trámites resulta extremadamente breve tras el descanso legislativo. Los legisladores retomarán sus actividades hasta el 7 de abril de este año. La minuta enviada por el Senado espera su turno en las comisiones de la cámara revisora. Si los diputados aprueban el texto, el proceso continuará en las entidades federativas. Cada estado debe integrar estos cambios en sus propias leyes locales de forma oportuna.
Cambios estructurales y ajustes presupuestales
La propuesta actual presenta una versión acotada respecto al proyecto original del Ejecutivo. El Plan B establece que los ayuntamientos tengan solo una sindicatura y quince regidurías. También fija un tope presupuestal para los congresos estatales del 0.70% de sus egresos. Una de las medidas más relevantes limita los salarios de magistrados y consejeros del INE. Estos funcionarios no podrán percibir ingresos mayores a los del Presidente de la República.
Finalmente, la reforma contempla una reducción directa al presupuesto del Senado mexicano. El recorte previsto es del 15% para el periodo entre 2027 y 2030. Esto representa un ahorro aproximado de 765 millones de pesos para las finanzas públicas. La viabilidad de todas estas medidas depende enteramente de la velocidad del proceso parlamentario. Sin la aprobación en mayo, el sistema electoral actual permanecerá vigente para los próximos comicios intermedios.