Nuevas medidas del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) frenó siete designaciones clave dentro de los Organismos Públicos Locales Electorales. El Consejo General tomó esta decisión tras la renuncia reciente de Guadalupe Taddei. La dimisión ocurrió en medio de severas sospechas sobre presuntos actos de corrupción.
La salida de la expresidenta provocó también el despido de su jefe de oficina. Asimismo, once asesores cercanos dejaron sus puestos institucionales de manera inmediata.
Dudas sobre designaciones locales
La reunión virtual del sábado pasado encendió alertas entre los partidos políticos nacionales. En esa sesión previa, Taddei buscó asegurar mayorías para presidencias estatales estratégicas.
Los representantes partidistas advirtieron riesgos sobre posibles redes de influencia indebida en estados. El contratista José Alfredo Hernández Casillas mantenía contratos con diversos órganos locales electorales. Por ello, los partidos exigieron frenar acuerdos elaborados bajo la intervención directa de Taddei.
La presidenta provisional Blanca Yassahara Cruz declaró un receso para deliberar. Posteriormente, los consejeros retiraron dos perfiles polémicos en Guerrero y Oaxaca.
El pleno votó cada propuesta de forma individual para evitar irregularidades futuras. Como resultado, rechazaron nombramientos en Campeche, Coahuila y Veracruz. Además, declararon desiertas las presidencias correspondientes a Baja California Sur y Tamaulipas.
Auditorías y denuncias internas
La Auditoría Superior de la Federación mantiene investigaciones por conflicto de interés. Las autoridades revisan posibles esquemas de colusión y triangulación indebida de recursos públicos.
Paralelamente, los trabajadores del organismo denunciaron abusos laborales ante los partidos políticos. Los testimonios reportaron despidos injustificados y vigilancia mediante cámaras con audio en oficinas.
La consejera Rita Bell López denunció presuntas amenazas personales recibidas previamente. Por su parte, el consejero Arturo Castillo pidió formalmente la intervención ministerial.
Castillo solicitó a la Fiscalía General de la República investigar delitos específicos. El funcionario señaló posibles conductas de enriquecimiento ilícito y abuso flagrante de funciones.
El árbitro comicial instalará un buzón anónimo para denuncias ciudadanas y laborales. También auditará convenios vigentes, incluyendo la producción multianual de credenciales de elector.
La Cámara de Diputados convocó al titular del Órgano Interno de Control. El funcionario rendirá cuentas por omitir alertas tempranas sobre estas anomalías institucionales.