Suspensión en el proceso electoral
El INE ha puesto en pausa el proceso para organizar la elección de jueces debido a una situación legal. La comisión encargada de este proceso no se ha instalado aún para dar inicio a sus trabajos, ya que se está a la espera de un fallo por parte de la Sala Superior.
Queja del INE y su impacto
Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no defina la queja que interpuso el INE contra los amparos de jueces, que ordenaron la suspensión de los actos preparativos, el instituto no podrá avanzar en la organización de los comicios judiciales. De este modo, se ha detenido toda actividad relacionada con este tema.
Fuentes consultadas por Excélsior confirmaron que la última decisión relacionada con la organización de los comicios, donde se elegirán jueces, magistraturas y ministraturas, fue tomada el 23 de septiembre. En esta fecha, se dio inicio al año electoral, se modificó el reglamento de sesiones del Consejo General y se nombró una comisión temporal. Esta comisión, presidida por el consejero Jorge Montaño, se encargará de vigilar los trabajos necesarios para cumplir con la reforma judicial.
Retrasos en la organización electoral
Desde el anuncio de esta decisión, la comisión no se ha instalado para iniciar sus labores, ya que se espera el fallo de la Sala Superior sobre la queja interpuesta por la apoderada legal del INE, Claudia Suárez. Esta queja es en contra de los amparos que han sido otorgados a ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial por parte de varios jueces.
Es importante mencionar que antes de febrero, se deben contratar a los capacitadores electorales y realizar una primera insaculación. Esta insaculación se llevará a cabo con base en el mes de nacimiento y la inicial del apellido, buscando invitar a ciudadanos a ser funcionarios de casilla o de centros de recepción del voto. Adicionalmente, se deberán realizar licitaciones y otros procedimientos necesarios para asegurar una organización adecuada de la elección.
Finalmente, el INE enfrenta la necesidad de adecuar toda su reglamentación y procedimientos a los términos que fueron recientemente aprobados en las leyes secundarias.