Imponen medida cautelar a Karina Barrón
Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, por presunta extorsión. La medida ocurrió tras una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Nuevo León el pasado lunes. La Fiscalía General de la República imputa a la funcionaria delitos de falsedad de declaraciones y fabricación de pruebas.
Agentes federales detuvieron a la funcionaria en el municipio de San Nicolás de los Garza tras una denuncia del senador Waldo Fernández. El legislador acusa a la secretaria de orquestar un montaje jurídico en su contra durante el pasado proceso electoral federal. El juzgador calificó de legal la detención ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la colonia Nuevo Mezquital.
Detalles de la audiencia judicial
Durante el acto procesal, la defensa de la imputada solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación legal definitiva. Por este motivo, la audiencia de vinculación a proceso sucederá el próximo sábado siete de marzo en las instalaciones judiciales federales. Mientras tanto, la funcionaria permanecerá bajo resguardo en un Centro de Reinserción Social Femenil del estado de Nuevo León.
El expediente señala que otros dos colaboradores también enfrentan el mismo proceso legal por su participación en los hechos investigados. La autoridad judicial mantiene bajo reserva ciertos detalles de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal en este caso. El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado donde manifiesta respeto absoluto al Estado de Derecho y a las investigaciones en curso.
Postura del Gobierno Federal
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina, confirmando que existen elementos suficientes para proceder con la investigación. La mandataria señaló que la detención deriva de una presunta acusación falsa que involucraba delitos graves contra el patrimonio y la integridad. El senador afectado sostiene que el grupo buscaba obtener un beneficio económico mediante la coacción jurídica y el desprestigio público.
Esta detención representa un hecho relevante para la administración municipal regiomontana debido al rango de la funcionaria involucrada en el gabinete. Los ciudadanos esperan transparencia total en el desahogo de las pruebas durante las siguientes etapas del procedimiento penal federal. El caso continúa en manos de la FGR, institución encargada de sustentar la acusación ante el Poder Judicial de la Federación.