Impuestos en el centro de la confrontación
La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha escalado recientemente.
El origen de la confrontación
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido por Antonio Martínez Dagnino, informó que cuatro empresas de Salinas Pliego adeudan 63 mil millones de pesos en impuestos. Esta información se dio a conocer después de que Salinas Pliego rechazara en un video que sus empresas se nieguen a pagar impuestos. Además, acusó al SAT de intentar extorsionarlo y sugirió que el gobierno podría estar robando hasta 50 mil millones de pesos a través del programa de pensión a adultos mayores.
La respuesta del presidente
López Obrador, al afirmar que no se trata de un asunto personal, instó a Salinas Pliego a presentar pruebas si cree que el gobierno intenta extorsionarlo. “Si tiene pruebas de corrupción en el gobierno, le pediría que las presente. En mi caso, lo que valoro más en mi vida es la honestidad”, dijo el presidente.
La reacción de Salinas Pliego
Salinas Pliego respondió a través de su cuenta de X. “Un buen gobierno rinde cuentas, no exige pruebas a los ciudadanos. Un mal gobierno protege a los delincuentes y luego exige pruebas a las víctimas”, dijo. En el mismo mensaje, señaló que los delincuentes y ladrones duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten.
Próximos pasos
El presidente anunció que publicará todos los documentos y evidencias que muestran la deuda de las empresas de Salinas Pliego en la página del gobierno de la República. El objetivo no es perjudicar, sino evitar la condonación de impuestos a grandes empresas y erradicar la corrupción.
Adeudos millonarios
Martínez Dagnino aseguró que la dependencia siempre ha trabajado con apego a la legalidad. Explicó que las deudas de Grupo Salinas se concentran en cuatro empresas. “En 17 juicios y todas fueron auditorías entre 2008 y 2018. Todos esos adeudos se observaron por parte del SAT por un monto [original] de 38 mil millones de pesos, pero con la actualización, la inflación y recargos asciende a 53 mil millones de pesos”, dijo.
Impugnaciones y retrasos
Félix Arturo Medina, exprocurador fiscal y actual subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, recordó que las empresas de Salinas han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligaría al pago de sus impuestos. “La empresa interpuso un juicio de amparo que un tribunal colegiado intentó resolver en 2021; sin embargo, la propia corporación lo impidió al solicitar a la SCJN ejercer su facultad excepcional de atracción, lo que suspendió temporalmente la resolución del asunto”.