Deslinde federal en caso Samuel García
La administración federal fijó una postura clara sobre el gobernador Samuel García. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las presuntas triangulaciones financieras en Palacio Nacional. La mandataria descartó facultades del gobierno central para aplicar sanciones directas. Señaló que el marco legal otorga autonomía plena a las entidades federativas. Por ello, las instancias locales mantienen la responsabilidad exclusiva en este caso.
La titular del Ejecutivo federal respondió preguntas durante su rueda de prensa matutina. Los señalamientos derivan de informes técnicos elaborados recientemente por fiscalizadores federales. Los documentos exponen presuntas irregularidades presupuestarias en la administración norteña. Sin embargo, el origen estatal del dinero limita la actuación del poder federal.
Competencias de las auditorías públicas
La revisión de fondos estatales corresponde al órgano auditor de Nuevo León. La Auditoría Superior de la Federación detectó los presuntos desvíos millonarios. No obstante, las leyes vigentes impiden que dependencias federales sancionen estas faltas. La propia constitución resguarda la independencia presupuestaria de los gobiernos locales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno carece de atribuciones para intervenir. Su titular, Raquel Buenrostro, no posee facultades para investigar administraciones estatales. Esa limitación jurídica aplica para cualquier entidad de la República Mexicana. Por consiguiente, los fiscalizadores locales deben iniciar los procedimientos correspondientes. Ellos determinarán las responsabilidades administrativas o penales que procedan legalmente.
Colaboración entre órganos fiscalizadores
El gobierno de México colaborará institucionalmente si los auditores solicitan información. La Secretaría de Hacienda canalizará los datos a través de sus oficinas. La Unidad de Inteligencia Financiera aportará documentación si existe un requerimiento oficial. Dicha entrega respetará siempre los límites que marca la soberanía estatal.
La mandataria federal enfatizó el respeto al pacto federal mexicano. La federación colabora activamente con datos patrimoniales cuando existe una petición formal. Sin embargo, ningún organismo central asumirá facultades punitivas que pertenecen al estado. La responsabilidad sancionadora permanece en las instituciones fiscalizadoras de Nuevo León. Ellas deberán esclarecer el destino final de los recursos públicos cuestionados.