Hugo Aguilar plantea ajustes
La propuesta del ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, fue anunciada en San Lázaro. Durante su participación en un foro, el jurista adelantó que se propondrá una disminución en los salarios de la Corte, como parte de una estrategia de austeridad y eficiencia en la administración judicial.
Revisión en la Suprema Corte
El futuro titular del Máximo Tribunal explicó que se realiza una revisión del funcionamiento de la Corte y de su presupuesto. Señaló que las decisiones sobre ajustes serán tomadas por el órgano de administración judicial, aunque aclaró que existe un análisis avanzado que confirma la necesidad de llevar los salarios a la baja.
Presupuesto sin incremento adicional
Hugo Aguilar puntualizó que no se prevé un aumento del presupuesto para 2026. El proyecto actual considera ya un incremento del 8%, cifra que se ubica ligeramente por encima de la inflación estimada. El magistrado subrayó que las iniciativas impulsadas para acercar la justicia al pueblo serán aplicadas mediante una reorientación de recursos y sin gastos adicionales.
Encuentro con legisladores oficialistas
El anuncio fue realizado tras la reunión sostenida con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, así como con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, y otros legisladores. La participación del próximo presidente de la SCJN se dio en el marco del foro “México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas”.
Definición del presupuesto en septiembre
Se informó que el presupuesto de la Suprema Corte para 2026 será definido en conjunto con legisladores después de la toma de posesión de Hugo Aguilar el próximo 1 de septiembre. Hasta ese momento, el magistrado aclaró, no existen atribuciones legales para formalizar cambios.
Principio de austeridad y eficiencia
El jurista aseguró que su gestión se regirá bajo un principio básico de austeridad y eficiencia, destacando que se busca hacer mucho con poco. Con ello, anticipó que los ajustes salariales y presupuestales se enmarcan en una visión responsable del gasto público dentro del Poder Judicial.